La patronal del alquiler turístico, que está analizando la posibilidad de recorrer el plan, considera el PIAT una medida más de restricción hacia el sector vacacional.

Palma, 9 de julio de 2020

Habtur Baleares “está analizando la posibilidad de recurrir” el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) una vez aprobado definitivamente por parte del Consell de Mallorca. La asociación ve con preocupación muchas de las medidas que se materializan en el documento como por ejemplo “el patrón de densidad incorporado, el certificado energético exigido, o la moratoria de 4 años de las plazas que no estaban a la venta”. Según la gerente de Habtur, Maria Gibert, estos puntos “harán imposible dar nuevas altas a determinadas zonas de Mallorca, si tenemos en cuenta que también se incorporan nuevas zonas maduras saturadas”.

Desde la patronal expresan que las decisiones que tomó el anterior Gobierno del Pacto respecto al alquiler vacacional están “llevando a que se perpetre el modelo hotelero” y esto “impide un reparto real de la riqueza dentro de la sociedad mallorquina”.

Con todas las medidas que se llevaron a cabo a lo largo de la pasada legislatura y continúan esta, cada vez se dificulta más y más el ejercicio de la actividad por parte de los ciudadanos que tienen viviendas de uso turístico, y ahora, “vemos como se dejará fuera a muchísima gente” explican desde Habtur.

Gibert, además, ha querido remarcar que este nuevo plan de regulación lo único que está fomentando “es la perpetuación de un modelo menos sostenible y menos respetuoso con el entorno” que desde la asociación “preocupa muchísimo”. “Somos conscientes que este equipo de Gobierno ha heredado este plan y tenían poco margen de maniobra, pero no deja de ser un despropósito. Este plan no responde a la realidad actual, igual que no lo hacía en la aprobación inicial” dice la gerente “quiero recordar que el pacto habla de consenso y de consenso ho ha habido ninguno”.

En cuanto al techo de plazas, también es un factor que intranquiliza a la patronal, puesto que de las 115.000 plazas establecidas para el sector vacacional, hay 90.000 que no han pasado por bolsa y que por lo tanto serán bajas definitivas y no recuperables. “Otra de las medidas liquidadoras que nos aplica este gobierno mal denominado de izquierdas” afirman.